Los movimientos y redes cívicas, así como las organizaciones internacionales como ONU-Hábitat, han convencido en los últimos años a muchos gobiernos del Sur global para que cambien sus políticas sobre los barrios marginales urbanos. El argumento ha sido que el desafío de los barrios marginales no puede abordarse mediante desalojos violentos y que deben utilizarse enfoques sostenibles. Como tal, se ha reconocido a los barrios marginales a través de la mejora. Es significativo que los proyectos basados en la mejora progresiva de la infraestructura del vecindario y las construcciones de viviendas de autoayuda hayan sido acusados de perjudicar a las mismas personas a las que pretenden ayudar. La mejora y la legalización inducen procesos de mercado que tienen una serie de efectos negativos para las personas con bajos ingresos, como la escalada del valor de la tierra y el aumento de los alquileres de las viviendas. Estos cambios sirven para atraer enclaves económicos y excluir a los residentes más pobres de los asentamientos, lo que va acompañado de formas estándar de aburguesamiento. Sin embargo, los cambios en el carácter del barrio se manifiestan ahora en los indicadores económicos, sociales y culturales del aburguesamiento, aunque se trata de un tipo de aburguesamiento específico de las condiciones de informalidad en el Sur global.
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