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En la presente obra se defiende que el Programa Bolsa Família debe entenderse como una política de Estado, ya que es una política pública asistencial indispensable para la efectividad de los derechos sociales. Como política de gobierno, se convierte en un instrumento para orientar los votos, estigmatizar a las personas y debilitar la democracia. Al ser una política de Estado que efectúa los derechos sociales, se entiende que el Programa Bolsa Família está, implícitamente, constitucionalizado; o, como afirman los constitucionalistas, forma parte de la llamada constitución material. Los derechos sociales adquirieron estatus constitucional debido a la Constitución de 1988 y, al ser de naturaleza prestacional, exigen que las políticas públicas que los efectúan también cuenten con ese amparo constitucional.