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El debido proceso y la seguridad jurídica son fruto de una visión del debido proceso en un estado democrático de derecho en el que existe una posibilidad efectiva de revisión judicial por parte de la judicatura ordinaria. La teoría de la nulidad acompañará a esta concepción y se utilizará para garantizar no sólo el debido proceso formal, sino también el debido proceso sustancial. Sólo en un Estado que ofrezca estas condiciones conseguiremos la deseada estabilidad del Derecho, de las garantías constitucionales, haciendo realidad la estabilidad jurídica y la consiguiente seguridad jurídica.