Por trata de personas se entiende, en general, el proceso mediante el cual se coloca o mantiene a personas en una situación de explotación con fines económicos. La trata puede producirse dentro de un país o implicar el cruce de fronteras. Mujeres, hombres y niños son víctimas de la trata con diversos fines, como el trabajo forzoso y la explotación laboral en fábricas, granjas y hogares privados, la explotación sexual y el matrimonio forzado. La trata afecta a todas las regiones y a la mayoría de los países del mundo. Si bien el monitoreo independiente es un aspecto importante para garantizar que las leyes, políticas y prácticas protejan y no infrinjan los derechos establecidos, los organismos gubernamentales más directamente involucrados en la respuesta a la trata -incluidos los legisladores, las fuerzas del orden, los órganos fiscales y judiciales y los organismos de apoyo a las víctimas- también deben supervisar sus propias acciones y desempeño desde una perspectiva de derechos humanos. Además, como se señala en los Principios y Directrices Recomendados, se debe alentar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas víctimas de la trata a participar en el seguimiento y la evaluación del impacto en los derechos humanos de las medidas contra la trata.
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