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La gestión del suelo público urbano se vio obstaculizada por la falta de políticas claras, instituciones fuertes, transparencia, participación pública e incapacidad para controlar adecuadamente la planificación del uso del suelo. Los criterios de propiedad del suelo público no estaban claramente definidos ni asignados al nivel de gobierno correcto. En consecuencia, la gestión del suelo público urbano en las zonas estudiadas sigue adoleciendo de falta de recopilación adecuada, escasez e inaccesibilidad de los datos. Además, no se ha producido una transferencia mínima de los terrenos adquiridos a intereses privados, y la expropiación no sólo se ha realizado con un fin público, sino también para satisfacer los intereses de individuos poderosos. Se desconocen el alcance y las limitaciones de la finalidad pública, y el poder de expropiación otorgado al Estado es más amplio y crea una propiedad insegura.