La Constitución Federal (1988) materializó los derechos sociales después de varios años de dictadura. Sin embargo, aún no es posible garantizar el pleno cumplimiento de estos derechos, ya que esto requiere un alto costo, y también hay una falta de capacidad por parte del poder ejecutivo para gestionar el dinero público. En consecuencia, la intervención del Poder Judicial en casos de incumplimiento de la ley se ha convertido en una constante, especialmente en el área de la salud. La discusión principal de este trabajo es la constitucionalidad de esta cuestión, dado el principio de separación de los tres poderes del Estado, y su injerencia en la garantía de los derechos sociales, especialmente en materia de salud.
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