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El autor a partir de un estudio comparativo de las legislaciones americanas y europeas concluye confirmando su hipótesis inicial: la existencia de un principio jurídico que exige de los funcionarios públicos de parte de la ciudadanía descreída y apática a lo político que actúe con mayor apego al cumplimiento de las leyes dado que para ejercer autoridad y constituirse en el legítimo representante de aquél se le reprochará en grado de responsabilidad con mayor ahínco que a un ciudadano común, esa responsabilidad será gradualmente mayor cuanto más autoridad invista no sólo jerárquica (Presidentes, Legisladores y Jueces) sino también por el ejercicio directo de la autoridad pública frente al particular (policías, gendarmes, agentes de tránsito).