Las inmunidades políticas son atributos concedidos a determinados titulares del poder público con el fin de garantizar, por una parte, la no responsabilidad total por los actos esenciales que realicen en el ejercicio de sus funciones y, por otra, la inviolabilidad por los delitos que cometan. El impacto de estas inmunidades plantea un problema elocuente en los procedimientos judiciales, hasta el punto de que en la práctica los beneficiarios parecen estar por encima de la ley. Dado que la inviolabilidad no conduce en modo alguno a la impunidad, es necesario depurar el marco jurídico relativo a la misma para permitir el enjuiciamiento efectivo de los titulares de estas inmunidades.
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