Desde el 1 de enero de 1996, la Prisión Pública de Bragança Paulista (São Paulo) está gestionada por una asociación civil sin ánimo de lucro llamada Associação de Proteção e Assistência Carcerária (APAC) y ha llegado a considerarse un ejemplo de éxito de gestión penitenciaria, capaz de promover la resocialización de los presos. Los voluntarios de la asociación, organizados en grupos de trabajo, empezaron a convivir estrechamente con los presos. El orden se mantiene gracias a una alianza entre los voluntarios y los responsables de la prisión. El traslado a otra unidad se utilizaba como la última ceremonia punitiva e implicaba la necesidad de utilizar un sistema penitenciario 'fallido' como amenaza para los presos. Su funcionamiento supuso una mayor capacidad crítica para los presos, pero sin mayor autonomía de elección. La posterior conversión de la prisión pública en Centro de Resocialización supuso una reapropiación de esta experiencia por parte del Estado. La consecuente formalización de la vida cotidiana carcelaria puso en evidencia que los contactos con voluntarios habían tenido anteriormente connotaciones transformadoras, que contradecían el sistema penal.
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