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El auge de la delincuencia organizada transfronteriza es una realidad que no perdona a ningún Estado del mundo, tanto por sus consecuencias como por su rápida expansión. La amplitud de su expansión exige hoy estrategias sólidas e integradoras, basadas en datos objetivos y respaldadas por marcos jurídicos internacionales, regionales y estatales. Los esfuerzos son encomiables, pero se han mantenido circunscritos en torno a las principales víctimas del fenómeno de la delincuencia organizada transfronteriza. La comunidad internacional ha tomado conciencia del problema, con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas y sus Protocolos que marcan un compromiso de respuestas globales, pero se ha olvidado de la población civil. En el marco del desarrollo de estrategias sólidas e integradoras, debe darse la misma importancia a todas las zonas y categorías que requieren protección como consecuencia de los movimientos de la delincuencia organizada transfronteriza.