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La República Democrática del Congo, como todos los Estados de derecho, se basa en una Constitución que organiza el poder, garantiza los derechos y define las instituciones. Desde la adopción de la Constitución el 18 de febrero de 2006, se han multiplicado los llamamientos a su reforma. Esta reforma suscita un gran debate: ¿hay que proceder a una revisión constitucional (según los procedimientos previstos en el texto) o a un cambio constitucional (creación de un nuevo ordenamiento jurídico)? El debate opone dos visiones: la revisión: permite corregir ciertas disposiciones preservando el espíritu de la Constitución actual; el cambio: consistiría en dotar al país de una nueva Constitución, lo que podría poner en tela de juicio el ordenamiento jurídico.