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En 1980, Costa de Marfil emprendió una política de descentralización con el fin de acercar los centros de decisión a los ciudadanos y permitirles hacerse cargo del funcionamiento de las colectividades descentralizadas (municipios, regiones y distritos). Dieciséis (16) competencias fueron transferidas a estas autoridades por la ley de 2003, cuyos decretos de aplicación, destinados a clarificar las relaciones institucionales, aún no se han publicado. Más de 40 años después, los observadores informados juzgan decepcionantes los resultados de esta descentralización en términos sociales, económicos y medioambientales. Esta mediocridad se debe a una serie de factores, como los conflictos de competencias entre los agentes institucionales, la escasez manifiesta de recursos humanos cualificados en número suficiente, la debilidad de los recursos financieros obstaculizada por el sistema de caja única tan deplorado por los representantes electos locales y, sobre todo, la ausencia de una estrategia global para la actuación de las autoridades locales.