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¿Es necesaria la vigilancia masiva de las comunicaciones electrónicas para prevenir actos delictivos como el terrorismo? ¿Qué debe primar en una sociedad democrática como la Unión Europea: el derecho a la seguridad o el derecho a la protección de los derechos humanos y, por ende, a la privacidad? ¿Pueden instrumentos jurídicos como la Directiva sobre conservación de datos y otras leyes de la UE en el ámbito de las comunicaciones electrónicas prevenir acontecimientos como el 11 de septiembre o solo sirven para resolver acontecimientos pasados al ser altamente intrusivos? ¿Cuál fue el impacto de los acontecimientos del 11 de septiembre en la legislación de la UE y en la recopilación de datos personales? ¿Se pueden responder estas preguntas de forma sencilla? La autora ofrece su punto de vista analizando la legislación de la UE relacionada con las comunicaciones electrónicas en lo que respecta a su necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. Además de los textos jurídicos, la autora presenta un interesante debate entre diversos actores políticos y ONG, que obviamente seguirá abierto y en curso, ya que es difícil encontrar el equilibrio entre una seguridad suficiente y una privacidad suficiente.