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El estudio sobre el abuso de bienes sociales revela una paradoja en la República Democrática del Congo. Aunque reconocido por el derecho OHADA, este delito sigue sin tener una pena específica. Este vacío obliga a los jueces a recurrir a otras acusaciones, como el abuso de confianza, cuando tal práctica desvirtúa el espíritu del derecho uniforme. También crea inseguridad jurídica y debilita la confianza en los negocios. Se observan dos cuestiones: la existencia del delito y la ausencia de sanciones. Este déficit normativo debilita la credibilidad de la RDC dentro de la OHADA. Sin embargo, el legislador debe intervenir para determinar las sanciones, tal y como exigen la Constitución y el derecho OHADA. A la espera de esta intervención legislativa, una jurisprudencia coherente puede limitar las incertidumbres. Por lo tanto, solo la alianza entre la reforma legislativa y la jurisprudencia garantizará una represión creíble.