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Este texto es una respuesta al debate sobre la necesidad de reformar o no la Constitución para regular el mercado de cannabis o de cualquier sustancia psicoactiva ilícita en Colombia, dada la prohibición al porte y consumo introducida al artículo 49 constitucional en 2009. Luego de analizar los debates legislativos que precedieron a la reforma y la jurisprudencia, se concluye que si se quiere que la regulación del mercado de cualquier sustancia psicoactiva cuente con seguridad jurídica, es necesaria dicha reforma. Aun así, con una dosis de realismo, este documento plantea una regulación legal…mehr

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Produktbeschreibung
Este texto es una respuesta al debate sobre la necesidad de reformar o no la Constitución para regular el mercado de cannabis o de cualquier sustancia psicoactiva ilícita en Colombia, dada la prohibición al porte y consumo introducida al artículo 49 constitucional en 2009. Luego de analizar los debates legislativos que precedieron a la reforma y la jurisprudencia, se concluye que si se quiere que la regulación del mercado de cualquier sustancia psicoactiva cuente con seguridad jurídica, es necesaria dicha reforma. Aun así, con una dosis de realismo, este documento plantea una regulación legal compatible con la Constitución Política y la jurisprudencia de las altas cortes: los clubes sociales cannábicos (CSC). Para llegar a estas conclusiones, partimos de la despenalización del porte y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y sus efectos. Luego -desde un ejercicio de interpretación historicista- retomamos los debates que antecedieron a la prohibición constitucional del artículo 49, los exámenes de constitucionalidad que tuvo el acto legislativo que reformó la Constitución y la línea jurisprudencial sobre el tratamiento jurídico penal que le ha dado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al porte de sustancias psicoactivas. Con esto se aclaran los efectos de la reforma y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional y penal de las altas cortes bajo esta prohibición. Finalmente, se explica qué son CSC y por qué son una solución viable en el campo político.

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Autorenporträt
Sergio Pérez Abogado de la Universidad eafit. Ha trabajado en litigio estratégico en derechos humanos y autonomía territorial. Se ha interesado por los impactos de la política de drogas, especialmente frente a los derechos a la igualdad, la autodeterminación y al goce del espacio público. Actualmente es investigador de la línea de Política de Drogas en Dejusticia. Orcid: orcid.org/0009-0000-5733-6726 Luis Felipe Cruz-Olivera Abogado y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Ha estudiado la calidad de vida en territorios de cultivo de coca y el impacto de las políticas de drogas en el acceso a derechos sociales de poblaciones cocaleras. Participó en el informe "El daño que nos hacen" presentado a la Comisión de la Verdad y en el libro Laberintos de prohibición y regulación. Actualmente es investigador de la línea de Política de Drogas en Dejusticia. Orcid: orcid.org/0000-0003-3670-9292 Isabel Pereira-Arana Politóloga de la Universidad de Los Andes y magíster en Estudios de Desarrollo (iheid). Se ha interesado por el impacto de las políticas de drogas en el desarrollo rural y el derecho a la salud. Actualmente coordina la línea de Política de Drogas en Dejusticia. Entre sus publicaciones se encuentran Voces desde el cocal: mujeres que construyen territorio y Laberintos de prohibición y regulación. Orcid: orcid.org/0000-0001-7036-8407